En el delito de malversación la razón determinante es el vínculo de confianza existente entre el autor del delito y la cosa que le es confiada. Además de tener que ostentar la calidad de funcionario debe tratarse de fondos que se encuentren bajo la custodia del empleado público. Dicho abuso de autoridad constituirá un ataque directo a los intereses financieros del Estado y al propio interés administrativo, una lesión a los intereses de la Administración Pública.