Óscar Sánchez Muñoz
El modelo canadiense de regulación de la competición electoral es, probablemente, uno de los más interesantes del mundo, al colocar la preocupación por la equidad �o la igualdad de oportunidades entre los competidores� en el centro del debate. En su primera parte, este artículo ofrece un resumen de la construcción del modelo, prestando atención al papel que ha tenido en este proceso el diálogo entre el poder legislativo y el poder judicial. La segunda parte trata sobre los debates judiciales más relevantes en relación con cuestiones como los gastos de terceros, las normas sobre radiodifusión en los períodos electorales y los requisitos para el acceso a la financiación pública, mostrando que estos debates, en realidad, trataban sobre una cuestión ideológica más amplia: si en Canadá debía prevalecer un modelo igualitario o libertario de regulación electoral. En la parte final del artículo, podemos encontrar algunas de las cuestiones que permanecen abiertas para el debate, como el cuestionamiento de la financiación pública a través de la reciente reforma legislativa
The Canadian model of the electoral competition regulation is, probably, one of the most interesting in the world, as it places the concern about equity �or equality of chances between the electoral competitors� in the center of the debate. In its first part, this article offers an overview of the model�s construction, paying attention to the role of the dialogue between the legislature and the judiciary in that process. The second part deals with the most relevant judicial debates about questions like third party expenditures, electoral broadcasting regulation and thresholds to qualify for public financing, showing that these debates were really about a larger ideological question: namely, whether an egalitarian or libertarian model of election regulation would prevail in Canada. In the final part of the article, we can find some of the questions that remain open for debate, like the challenge of the public funding in the recent legislative reform