La crisis económica ha acentuado el ritmo y el número de las reformas laborales sufridas en los últimos tiempos por el ordenamiento jurídico español. Desde el año 2010 estas reformas han afectado, fundamentalmente, al despido, tanto en su vertiente individual como colectiva. Sus rasgos generales conducen a un mismo destino: la flexibilización del despido, especialmente notable en el despido colectivo.
Así, a la flexibilización de los requisitos procedimentales se ha unido el abaratamiento de los costes directos e indirectos y una mayor rigidez en la definición e interpretación de las causas, reduciéndose el papel de la autoridad laboral y del propio órgano judicial.