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El día a día nos demuestra que los funcionarios policiales son víctimas de delito y como tales tienen derecho a personarse en las actuaciones o dejar en manos del MF la reclamación de la correspondiente indemnización. Hay otros supuestos, también bastante abundantes, en que son citados a juicio como testigos teniendo en estos casos, si procede, reclamar la correspondiente indemnización de los gastos que se le haya podido ocasionar. Si el Estado es quién abona esos gastos, debiera ser la propia Administración la que repitiese contra el condenado en costas el pago de las indemnizaciones realizadas. Dado la actual situación económica en que nos encontramos y que dentro de los Cuerpos Policiales haya funcionarios altamente cualificados en diversas disciplinas, abogo porque puedan ser contratados por los particulares para emitir, previo abono, informes periciales en las mismas condiciones que las empresas privadas y siempre sin menoscabo de las funciones legalmente asignadas.
