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Carmen Muñoz García
La reciente aprobación y entrada en vigor de la norma objeto de comentario supone no sólo el cumplimiento de un mandato contenido en la disp. final 2.ª Ley 26/2011, sino que es un claro reto reunificador de las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, con independencia de otras normativas reguladoras de la discapacidad.
