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Francisco Fernández Segado 
homas Jefferson y John Marshall encarnan las dos más relevantes personalidades contrapuestas de la joven República. Simbolizan asimismo dos enfrentadas convicciones constitucionales en esta época. Esa contraposición se ponía especialmente de manifiesto en el caso United States v. Burr (1807), en el que Aaron Burr, Vicepresidente de los Estados Unidos durante el primer mandato presidencial de Jefferson, iba a ser acusado del delito de traición.
Desde el punto de vista constitucional, el Derecho de traición presentaba un interés excepcional. El delito era el más grave contra la seguridad del Estado, pero, por el estigma que entrañaba y por la vaguedad de su alcance, se podía convertir en un notorio instrumento de poder arbitrario y de facción política.
A tenor de la Sección tercera del Art. III de la Constitución: «La traición contra los Estados Unidos consistirá tan sólo en hacer la guerra en su contra o en unirse a sus enemigos, dándoles su ayuda y protección. A ninguna persona se le condenará por traición a no ser con base en la declaración de dos testigos del mismo acto manifiesto, o en una confesión en sesión pública de un tribunal».
Marshall iba a presidir el Tribunal de Circuito de Richmond que juzgaría a Aaron Burr. El caso de Burr era un juicio político de primera magnitud. Con anterioridad al juicio de Burr, el Presidente Jefferson, en un mensaje dirigido al Congreso, con base en débiles pruebas y simples rumores, proclamó abiertamente la culpabilidad de Burr. Como algún autor ha dicho, Jefferson estaba salvajemente decidido a que Burr fuera colgado y proyectó todo el peso y prestigio de la Administración detrás de la acusación. Para alcanzar tal fin, el Presidente estaba completamente dispuesto a burlar la Constitución.
Marshall era consciente de que una definición permisiva del delito de traición posibilitaría su utilización como un arma para la represión política. De ahí que en un caso anterior, Ex Parte Bollman, sostuviera que: «Es más seguro, así como más conforme a los principios de nuestra Constitución, que el delito de traición no debe extenderse por deducción a los casos dudosos, y que aquellos delitos no claramente dentro de la definición constitucional reciban el castigo que la sensatez de la legislatura pueda disponer».
En su alocución al jurado en el caso de Burr, Marshall adujo dos consideraciones cruciales: lª) Que esta acusación, habiendo formulado cargos al prisionero (Aaron Burr) de hacer la guerra en la isla de Bennerhassett y no conteniendo otro acto manifiesto, no puede sostenerse por la prueba de que la guerra se hizo en aquel lugar por otras personas, en ausencia del prisionero, aún admitiendo que esas personas estén relacionadas con él en una común conspiración traidora. 2ª) Que admitiendo que tal acusación pudiera sostenerse por tal prueba, la previa condena de alguna persona que cometió el acto del que se dice equivaler a hacer la guerra, es indispensable para la condena de una persona que aconsejó o procuró ese acto.
El jurado emitió un veredicto de no culpabilidad, exonerando a Burr del delito de traición. De inmediato, Jefferson criticó acerbamente a Marshall al considerar que el Presidente del Tribunal había adoptado una conducta partidista en el juicio de Burr. Jefferson nunca discutió en términos jurídicos la sentencia; tampoco la interpretación dada por Marshall a la cláusula constitucional de traición; su crítica siempre giró en torno a que el proceso fue un evento político. El caso United States v. Burr fue en realidad el caso de John Marshall contra Thomas Jefferson.
