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Tras dos años y medio de funcionamiento efectivo(1), el pasado 29 de julio de 2013 la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentaba su informe de evaluación del proceso de implantación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)(2). Como era de esperar, atendiendo al mandato establecido a este respecto en su Decisión fundacional(3), el informe obedece a una lógica esencialmente introspectiva y va acompañado de una detallada lista de propuestas de reforma en gran medida coincidentes con las avanzadas a lo largo de estos últimos meses por analistas externos, los gobiernos de un cierto número de Estados miembros e, incluso, alguna de las instituciones de la Unión(4). Parece existir, en este sentido, un amplio consenso en torno al diagnóstico de los problemas o deficiencias que han lastrado la capacidad de despegue de este nuevo organismo en un contexto, admitámoslo desde el principio, claramente hostil.
