Los procesos de liberalización económica han utilizado muchas veces la técnica de la separación de las infraestructuras fijas de la operación del servicio (unbundling). Con ello el Estado retiene la responsabilidad en la regulación y provisión de la infraestructura mientras que los operadores potenciales explotan el servicio. Esta separación, sin embargo se rompe en el análisis de la construcción y explotación de infraestructuras aeroportuarias. En el reciente caso de la ampliación del aeropuerto de Leipzig-Halle, la Comisión y el Tribunal de Justicia sostienen que la construcción de infraestructuras puede ser una ayuda de Estado a las empresas que después han de gestionar los aeropuertos.
Esta nueva concepción puede chocar frontalmente con el respeto a la soberanía de los Estados en el diseño y financiación tanto de su política de infraestructuras como de su política de desarrollo regional. Las instituciones europeas confunden las ayudas de Estado con la ventaja competitiva general que supone disponer de buenas y modernas infraestructuras. Ello abre una puerta al control por parte de la Comisión de las inversiones estatales en infraestructuras, su necesidad y sus perspectivas de rentabilidad futura.