El presente artículo analiza, a propósito de la Sentencia 100/2012 del Tribunal Constitucional, la incidencia que la integración de España en la Unión Europea ha supuesto en el principio de reserva de ley e, igualmente, si la normativa comunitaria debe respetar la reserva de ley en sentido formal y material, así como los mecanismos que permiten reforzar y garantizar el fundamento de la reserva de ley.