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Adolfo Ciudad Reynaud
Desde inicios del siglo XXI se está produciendo un cambio sin precedentes en América Latina; una auténtica revolución normativa y de gestión del despacho judicial para la adopción de un nuevo sistema procesal del trabajo que aspira a la celeridad de los procesos a través de los principios de oralidad, concentración, inmediación y economía procesal, entre otros. Ocho países hasta el momento han adoptado nuevas leyes y códigos procesales, mientras otros se encuentran en proceso de elaboración de reformas similares. La dificultad central fue siempre la ineficacia del proceso que incurre en dilaciones indebidas y ocasiona la extensa duración de los procedimientos, que en la mayoría de los casos se prologan de manera absolutamente inaceptable para un régimen democrático que pretende la convivencia en paz. Se pretende la adopción de reglas justas del proceso para que los resultados del mismo sean también justos. En el nuevo sistema de juicio si bien destaca la oralidad, han sido diversas las instituciones procesales y las respuestas que cada país ha abarcado en sus reformas: forma de contestación a la demanda, número de audiencias, sistema de recursos impugnatorios, procedimientos abreviados de menor cuantía (en donde la mayor novedad la constituye el proceso monitorio), las modalidades especiales para la tutela de derechos fundamentales en el trabajo y para los conflictos colectivos, entre otros.
