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El hecho de que la ley conserve la embriaguez y la toxicomanía como causas de despido provoca un doble efecto perverso en el ordenamiento español: de una lado, genera inseguridad jurídica, pues los Tribunales discrepan no sólo respecto de sus condicionantes específicos (habitualidad y repercusión negativa en el trabajo), sino sobre las relaciones norma-convenio en la tipificación y la propia ratio essendi para su mantenimiento, la culpabilidad necesaria; de otro, impide el normal desarrollo de la alternativa legal (y preferente), consistente en la creación de planes de prevención del riesgo y asistencia al trabajador afectado.
