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Este artículo sistemáticamente compara y evalúa, a fines de 2012, las tres re-reformas de pensiones privatizadas efectuadas en América Latina (Argentina, Bolivia y Chile). Se divide en tres partes: I) descripción de las reformas estructurales y de los sistemas o pilares privados de pensiones e identificación de sus ventajas y defectos antes de la re-reforma; II) descripción comparada de las características legales de las re-reformas y evaluación de sus efectos socio-económicos determinando si han aliviado o resuelto las fallas previas; y III) conclusiones: ventajas de las re-reformas, problemas y desafíos pendientes, recomendaciones, y potencial influencia en los sistemas privados subsistentes en la región. El análisis se basa en el cumplimiento de diez principios clave de la seguridad social, emanados de convenios/recomendaciones de la OIT: diálogo social, cobertura universal, trato uniforme, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de las prestaciones, eficiencia y gastos administrativos razonables, participación social en la gestión, rol del Estado y supervisión, y sostenibilidad financiera/actuarial. Argentina y Bolivia cerraron el sistema/pilar privado y lo integraron al público, mientras que Chile mantuvo el sistema privado pero mejorándolo. El mejor desempeño de las re-reformas ha sido en seis principios: cobertura, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de las prestaciones, gastos administrativos razonables, rol del Estado y supervisión. El desempeño más débil en cuatro principios: diálogo social, trato uniforme, participación social y, particularmente, sostenibilidad financiera (excepto en Chile). Todas las re-reformas han avanzado en la mayoría de los principios sociales, pero Argentina y Bolivia enfrentan serios desafíos a largo plazo en la sostenibilidad financiera/actuarial.
