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El Gobierno de España ha firmado los dos tratados internacionales existentes para mejorar la eficacia de su ayuda, la Declaración de París y la Agenda de Accra para la Acción. Uno de los compromisos más importantes asumidos en estos tratados consiste en otorgar la ayuda a los gobiernos, tanto en forma como en cantidad, en función de su grado de eficacia y transparencia en su gestión pública, y de su respeto y protección de los derechos humanos. A partir de los datos existentes de 2007 y 2008, este estudio ha podido constatar que el Gobierno no parece haber tomado en consideración ninguno de estos dos aspectos a la hora de asignar su ayuda a gobiernos receptores. Si bien en el nuevo Plan Director se establece como �prioridad horizontal� la �promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática�, no se sabe cómo y por qué motivos, el Gobierno otorga su ayuda a unos u otros actores.
