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Lourdes López Cumbre
Por primera vez, una reforma laboral afecta de manera tan explícita al sector público como la efectuada en 2012. Múltiples normas adoptadas por el Gobierno y/o tramitadas en el Parlamento han impuesto una restricción en derechos laborales de los empleados públicos establecidos legal o convencionalmente. La necesidad de reducir el déficit público se consigna como la justificación de estas medidas pero la existencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que han de garantizar las Administraciones Públicas están en riesgo.
