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Declarada inconstitucional, por sentencia TC 92/2013, la reforma operada en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en virtud de la cual, como trámite previo a la demolición de cua lquier edificación declarada ilegal, la Administración debería sustanciar el correspondiente expediente de responsabilidad patri monial y hacer efectiva la indemnización acordada, el legislador cántabro, en una nueva respuesta a los pronunciamientos judiciales que declararon la ilegalidad de mas de medio millar de viviendas, innova la legislación urbanística y procedimental y crea la autorización provisional como figura que transitoriamente posibilita la no demolición de las edificaciones declaradas ilegales que el nuevo planeamiento urbanístico podría legalizar.
