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María del Carmen Pastor del Pino
La consecución de un objetivo constitucional se puede alcanzar por la vía del gasto público, directo o indirecto. En ambos casos, resulta necesaria la comprobación de sí se sirve con ese gasto a una finalidad pública, y de sí se halla sometido a los controles jurídicos pertinentes. En materia de beneficios tributarios resulta perfectamente válido a la hora de efectuar un control en la fase de establecimiento en la norma del beneficio tributario, el empleo del triple criterio de enjuiciamiento: de la necesidad de una medida tributaria para la consecución del fin extrafiscal; idoneidad del instrumento utilizado y articulado en el tributo; y la adecuada proporcionalidad entre la conducta exigida y el sacrificio recaudatorio o gasto indirecto que se puede generar. Este control debe ser completado con el de legalidad de la actuación administrativa desarrollada para lograr las exigencias constitucionales es decir, con el control de constitucionalidad de la ley en función de sus resultados aplicativos. En este segundo caso, y respecto al gasto indirecto que representa el beneficio, será la constatación de la asignación equitativa o justa de ese gasto, y la de la eficacia y eficiencia en su programación y ejecución, las cuestiones que permitirán efectuar un auténtico enjuiciamiento de la norma jurídico-tributaria que establece el beneficio fiscal, permitiendo determinar su ajuste a los límites constitucionales de la extrafiscalidad.
A constitutional purpose can be reached by direct or indirect government expenditure. In both cases it´s necessary to confirm if the government expenditure is suitable to reached that purpose and if it has been submitted to juridical controls. Tax benefits «as an indirect government expenditure» must be control in two different moments. First one, when the tax benefits is regulated, we need to supervise if it´s necessary, suitable and proportional. When the tax benefit is used by the administrative authority we need to supervise if the government expenditure has respected equity, efficacy and efficiency constitutional principles
