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El objeto del presente artículo, se centra en la «ratio» última, que debería legitimar los principios originarios de una sociedad moralmente bien organizada, a través de un ordenamiento estatal que sustente y respete dichos principios, para llegar a la conclusión, de que sólo el sistema de sólida formación educativa en la sociedad que debe conformar las mayorías políticas necesarias para dotarse de una constitución política, se constituye en garantía del principio de aplicación efectiva de la norma en su dimensión moral interna y no puramente formalista.
