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El principio de seguridad jurídica postula eliminar del ordenamiento lo que se ha dado en llamar por el Consejo de Estado «chatarra normativa»: restos o conjuntos de normas en vigor cuyos contenidos y realidades sobre las que se proyectan han sido claramente superados, conviniendo simplemente su eliminación del sistema jurídico para facilitar la mejor comprensión y eficacia de éste. En este sentido, en el ámbito del Derecho alimentario en los últimos tiempos se han producido modificaciones normativas relevantes desde la perspectiva comercial.
