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Alberto Vega García
La normativa española sobre la tributación de no residentes obliga en diversos supuestos a nombrar un representante fiscal en España. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (especialmente la sentencia de 5 de mayo de 2011, Comisión/Portugal, C-267/09) ha considerado que tal obligación constituye un obstáculo para las libertades de la Unión Europea, como la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios, que no resulta justificado teniendo en cuenta la existencia de mecanismos de asistencia mutua entre Administraciones tributarias más respetuosos con estas libertades. De ahí que sea conveniente que el legislador español introduzca reformas en este ámbito.
