Este trabajo pretende aportar a los «operadores municipales» (juristas, técnicos, políticos...) en un momento económicamente crítico como el actual, las bases jurídicas para mantener la tasa local de telefonía móvil por ocupación de dominio público tras la STJUE de 12 de julio de 2012, y demás sentencias de nuestro Tribunal Supremo, que impiden la aplicación de dicha tasa a las empresas de telefonía no titulares de líneas, pero mantienen la pervivencia de la propia tasa.