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El artículo trata de las políticas de vivienda tal y como han quedado normativamente reguladas después de las reformas de los Estatutos de Autonomía y de las leyes de vivienda que han aprobado algunas Comunidades Autónomas. Estas leyes (singularmente en Cataluña y Andalucía) establecen la obligatoriedad para los Municipios de dotarse de un nuevo instrumento de planeamiento, el Plan Municipal de Vivienda. Estas políticas de vivienda requieren pues de la interacción de por lo menos dos gobiernos, el autonómico y el municipal, cada uno con su espacio de decisión para las prioridades y actuaciones en vivienda, con un ámbito competencial exclusivo o propio y con una herramienta específica de planeamiento en materia de vivienda. Ello obliga a repensar el modelo mediante el cual ambos gobiernos conectan o acompasan sus políticas, en los niveles de diagnóstico, de establecimiento de prioridades y de plasmación de las mismas en los planes de vivienda �y también a la hora de la ejecución de dichos planes. Se sugieren algunas líneas de actuación, basadas en la idea de concertación, con el fin de que las competencias locales no queden anuladas o sometidas a las decisiones �sustantivas o presupuestarias� que se adopten en sede autonómica.
This article deals with the new housing policies established after the reform of the Autonomy Statutes and after the housing legislation passed by Regions like Catalonia and Andalusia. This legislation is quite recent, and it makes it compulsory to Municipalities to adopt a Local Housing Plan. Therefore, these new policies need the interaction of at least two governments, the regional one and the municipal one: each one has its own margin for establishing priorities regarding housing, its own legal powers and regulations, its own specific plans and programmes. All this leads to reconsider the framework within which both governments connect and coordinate their housing policies, at all levels (diagnosis, establishing priorities, elaborating and passing the housing plans, implementing them). It will be suggested that some guidelines should be followed, based on negotiation and on mutual respect of shared powers, and aimed at protecting the municipal powers from the Regional financial and political superiority.
