Existe una necesidad de conceptualizar, en términos jurídicos, y de manera global el fenómeno del crimen organizado. A pesar de que Naciones Unidas lo ha intentado, no todos sus países miembros han seguido el mandato. España ha incluido en su Derecho Penal un nuevo tipo delictivo: la organización y el grupo criminal. Esto permite proteger al orden público, como un bien jurídico superior que es, de la acción desestabilizadora sobre el Estado procedente de la «gran criminalidad».