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En este trabajo analizo la distribución de competencias entre la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas que tenemos actualmente en España en el control y supervisión de los seguros privados y las consecuencias prácticas a que ello nos ha llevado, la critico y propongo que se aproveche el cambio a que nos obliga tanto la creación de la nueva Autoridad Europea de Supervisión de Seguros como la promulgación de Solvencia II para hacer una nueva distribución más racional y práctica.
