Estamos ante una aproximación a la justificación del Poder Ejecutivo y al control que de la actividad administrativa ejerce el Poder Judicial, a partir de las declaraciones constitucionales de los artículos 103 y 106. Caemos de bruces en cuestiones como la definición de los intereses generales por la Administración y la revisión del ejercicio de potestades discrecionales por Jueces y Magistrados.