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Michela Passalacqua
El mito del siglo XIX de cerrar presupuestos públicos con igualdad no parece fácilmente conciliable con las intervenciones públicas típicas del Estado social. Sin embargo, la crisis financiera actual que afecta a Europa ha acabado por obligar a diversos Estados miembros, entre los que se encuentra Italia, a modificar sus Constituciones con objeto de introducir en éstas límites al gasto público. La reforma constitucional italiana, cuya aprobación definitiva está en curso, ha introducido así la obligación constitucional, que grava sobre el Estado, de asegurar el «equilibrio » (y no el cierre con igualdad) entre los ingresos y los gastos del propio presupuesto, teniendo en cuenta las fases favorables del ciclo económico. Al mismo tiempo se ha limitado la facultad de endeudamiento por parte del Estado, que sería posible solo en caso de que se produzcan acontecimientos excepcionales, sin que se prevean derogaciones por la generación de gastos de inversión, que, en cambio, se admiten para las autonomías dentro de ciertos límites. En cualquier caso, el Estado podrá contraer una deuda solo previa autorización de las Cámaras, aplicada con un procedimiento agravado, representado por la mayoría absoluta de los respectivos miembros.
