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Javier Chinchón Álvarez 
Este artículo analiza la trascendente decisión de 27 de marzo de 2012 por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió por vez primera un caso de desaparición forzada de personas que había comenzado en 1936 en el contexto de la Guerra Civil española: el caso Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz c. España. Con esta decisión, el Tribunal no sólo confirmó la vigencia de las limitaciones a su competencia que se auto-impuso en varios casos anteriores, sobre todo en �ilih c. Eslovaquia (GS) y Varnava y otros c. Turquía (GS), sino lo que es más censurable, su aplicación inmediata y automática. En consecuencia, la obligación procesal de investigar (artículo 2), correctamente caracterizada como un deber autónomo, independiente y continuado, en lo sustantivo, terminará de nuevo y finalmente privada de su verdadero sentido y consecuencias. A diferencia de lo que ocurrió en casos anteriores, y también posteriores, los mismos razonamientos se extenderían al resto de violaciones alegadas, señaladamente a la del artículo 3, de tal suerte que la demanda sería completamente inadmitida.
This article examines the key decision of 27 April 2012 issued by the European Court of Human Rights rejecting for the first time a case involving an enforced disappearance that began in 1936 in the context of the Spanish Civil War: the case Antonio Gutiérrez Dorado and Carmen Dorado Ortiz v. Spain. In this case, the Court confirmed not only the general applicability of the self-imposed limitations on the exercise of its jurisdiction (case of Silih v. Slovakia (GC) and Varnava and others v. Turkey (GC) but also the immediate and automatic application of such doctrine, which is all the more objectionable. As a consequence, the procedural obligation to investigate under article 2, correctly defined as an independent, autonomous and continuing obligation, at the substantive level will finally be dispossessed of its true meaning and consequences. Unlike previous as well as subsequent cases, the same reasoning was extended to the remainder of the alleged violations in issue, namely, article 3, thus resulting in the rejection of the application.
