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La Iglesia católica española (ICE) constituye un grupo de interés multi-issue con distintos resultados en su actividad política: la financiación y la educación son asuntos clave en los que está protegida por los Acuerdos de 1979, pero los poderes públicos no tienen la obligación de negociar con esta institución políticas de contenido moral. Como respuesta a la liberalización del aborto y a la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, promovidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la ICE, a diferencia de otras instituciones eclesiásticas en Europa en situaciones parecidas, desarrolla una estrategia de confrontación junto con grupos católicos conservadores y, en menor medida, partidos políticos afines. Su posición �monopolista� en una sociedad que se define mayoritariamente como católica (argumento sociológico), la inextricable imbricación entre catolicismo e identidad nacional (argumento histórico), y su privilegiada relación con el Estado, que deriva de los Acuerdos de 1979 y del aconfesionalismo constitucional (argumento institucional), pueden explicar esta estrategia. Mientras que la Conferencia Episcopal (CE) es la principal responsable de la confrontación a nivel estatal, los obispos, a nivel autonómico, se han aprestado a través de un gran número de convenios con las autoridades regionales a defender los intereses de la Iglesia y minimizar los posibles �daños� que derivan del ámbito estatal. El Estado autonómico ha multiplicado los puntos de acceso al sistema político para la Iglesia y podría suceder que la CE terminara perdiendo peso político a favor de las conferencias episcopales regionales, promovidas no solo por las iglesias periféricas nacionalistas sino, también, por la creciente relevancia del nivel autonómico frente al estatal para los intereses eclesiásticos.
