La reciente aprobación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo ha introducido numerosas medias para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Sin embargo, cuenta con la oposición de los sectores afectados y de la opinión pública, dado que desoye las pretensiones de una Iniciativa Legislativa Popular firmada por un millón y medio de ciudadanos, cerrando la puerta a la regulación de la dación en pago generalizada