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David Giménez Gluck 
Este artículo tiene por objeto refl exionar sobre si es posible rebajar la edad mínima para votar en España sin modifi car la Constitución. Contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los países, la Constitución Española regula la mayoría de edad, fi jando la misma en los dieciocho años. Por otro lado, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General vincula el ejercicio del derecho de sufragio activo a ser mayor de edad. Una posible extensión del mismo a los menores mayores de más de dieciséis años cambiaría el actual concepto constitucional de mayoría de edad, al dejar de signifi car el límite de edad establecido para el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, de un repaso del Derecho histórico español y del Derecho Comparado, se llega a la conclusión que esta modifi cación no desnaturalizaría la institución, que, por un lado, está principalmente vinculada a la capacidad de obrar desde un punto de vista civil, no a los derechos políticos; y, por otro, no supone una frontera plenamente perfi lada del ejercicio de los derechos fundamentales, sino la culminación de un acceso gradual a dicho ejercicio, que se produce en muchos casos, de manera parcial o total, ya en la minoría de edad. La conclusión es que tenemos una institución constitucional de la mayoría de edad sufi cientemente fl exible como para poder absorber una modifi cación legal que otorgue a los menores mayores de más de dieciséis años el ejercicio del derecho de sufragio, sin necesidad de reformar la Constitución.
Th is article analyses the possibility of reducing the suff rage age in Spain without a constitutional reform. Contrary to other Fundamental Laws, the Spanish Constitution regulates the age of majority, setting the age at 18. Th e General Electoral Regime Organic Law reserves the exercising of the right to vote for adults. An enlargement to minors of the age of 16 and 17 of this faculty can change the current constitutional concept of the age of majority, because it implies the moment when the exercising of political rights is permitted. Nevertheless, if we study Spanish historic Law and Comparative Law, we fi nd that this modifi cation changes the institution but doesn�t denature it, for two reasons: 1) Age of majority is linked principally to the capacity to act from a civil point of view, not from a political one; and 2) it is not a clear division between those who can exercise their human rights an those who cannot; in fact, it is the culmination of gradual access to exercising these rights; today, a lot of rights are exercised, total or partially, by minors. Conclusion: we have a constitutional institution of age of majority that is fl exible enough to accept a legal modifi cation that gives to minors of the age of 16 and 17 the possibility of exercising the right to vote without the necessity of implementing a constitutional reform.
