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Fulvio Cortese 
Este trabajo se propone ilustrar el contenido y el significado de las reformas del régimen local aprobadas por el legislador italiano en el periodo 2010-2012 con carácter de urgencia para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis económico-financiera. Tales reformas han buscado dar respuestas institucionales inmediatas al problema de la disminución del gasto público y han tratado de lograr una distribución más eficiente de las funciones y servicios atribuidos a los entes locales. La consecuencia ha sido el reforzamiento de una interpretación restrictiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada. La obligación de los municipios de gestionar de forma asociada muchas de sus competencias y la revisión del reol y la estrcutura de la provincia -defendidas desde hace largo tiempo por la doctrina- se han impuesto por el Estado a trvés de soluciones uniformes, rígidas y unilaterales, que tienen un carácter experimental y precario. Estos cambios no garantizan con certeza la consecución de los objetivos de racionalización del sistema y, al mismo tiempo, ponen en tela de juicio las tendencias legislativas e interpretativas que se habían desarrollado desde la reforma constitucional de 2001
this paper intends to illustrate the content and meaning of the Local government reforms adopted urgently by the Italian parliament in the period 2010-2013 in orderto deal with the needs originated by the economic-financial crisi. These reforms search for immediate institutional response to the decreasing public spending problem and try to achieve a more efficient assignment of functions and services to local authorities. Their consequence is the reinforcement of a restrictive interpretation of constituionally guaranteed local autonomy. Municipalities' obligation to manege manu of their powers in an associated way and the review of the Province's role and structure -long defended by the doctrine- have been imposed by the State through uniform, rigid and unilateral solutions, which are experimental and precarious. these changes do certainly not guarantee the system's rationalization and, at the same time, they question the legislative and interpretative tendencies developed since the 2001 constitucional reform.
