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Durante los años setenta del pasado siglo, la crisis económica ha cuestionado la pertinencia de las políticas de reactivación keynesianas y, ante el incremento del desempleo, el modelo del Estado de bienestar instaurado a partir de 1945 ha sido ampliamente criticado por los economistas neoclásicos que defendían una política de la oferta que pasaba por una reducción de los costes salariales y de las prestaciones sociales. No en vano, el balance de las políticas neoliberales es decepcionante a nivel socioeconómico ya que, además de no garantizar un crecimiento notable y continuo, ha aumentado las desigualdades sociales. Si los sistemas tradicionales de protección están mal adecuados al contexto económico y social actual, un nuevo enfoque de las políticas sociales aparece a partir del inicio de los años 2000 que insiste en la necesidad de reorientar los Estados de bienestar. Ese paradigma avanza la idea según la cual conviene concebir las políticas sociales, educativas y sanitarias no como un gasto sino como una inversión dado que es fundamental para la competitividad económica, la cohesión social y el bienestar ciudadano. La estrategia de inversión social define unas prioridades inéditas para el Estado de Bienestar con el fin de acompañar a los individuos a lo largo de su trayectoria vital.
