La lucha contra la corrupción es un imperativo prioritario en toda democracia, porque su persistencia provoca una desafección de los ciudadanos hacia la política especialmente perjudicial para el sistema democrático, que se puede ver desbordado por fórmulas autoritarias y dictatoriales, como ya ha ocurrido en otros periodos históricos. La obligación de los poderes públicos es hacer todo lo posible para prevenir la corrupción y para sancionarla convenientemente, debiendo contribuir los partidos políticos a su persecución y rechazo.