Acceso usuarios
En el año 1999 en Venezuela se promulgan las bases constitucionales y legales del país con propósitos formales de contribuir con la profundización de la democracia y la justicia social. Entre las transformaciones previstas se encuentra incorporar la contraloría social a la gestión pública. Las gobernaciones en este proceso continúan siendo instancias clave del gobierno nacional para el desarrollo social, económico y político del país. El propósito de este trabajo es explorar las condiciones de la Gobernación del Estado Zulia para el ejercicio de la contraloría social. La metodología se basó en el análisis de documentos teóricos y jurídicos; así como de entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la mencionada gobernación. Los resutados dan cuenta de: 1) La incorporación amplia del deber y derecho del ciudadano a realizar control social, en el nuevo marco jurídico, 2) El derecho de los ciudadanos de acceder a la información para ejercer el control social, 3) Ausencia de acciones por parte del aparato público regional para aplicar este marco institucional, explicables por diferencias políticas con el gobierno nacional; 4) Falta de transparencia por parte de la gobernación, lo cual obstaculiza las posibilidades de contraloría social y 5) Ausencia de capacitación a los funcionarios en materia de control social. Se concluye que existen condiciones legales nacionales y estadales favorecedoras del control social pero la gobernación no desarrolla acciones que impulsen su práctica.
