A través del examen de las opciones normativas previstas en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y en la propuesta de Código Procesal de 2013 los autores explican, en cinco artículos doctrinales, los cambios que son imprescindibles para superar los déficits estructurales del sistema inquisitorial vigente. En esta segunda entrega se aborda el segundo bloque temático, relativo a la dirección de la investigación oficial a cargo del fiscal.