En el presente artículo se comentan las reformas introducidas en el proceso de ejecución por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, analizando los problemas que solventa, los que obvia y los nuevos que su aplicación puede suscitar en la praxis.