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Antonio Dorado Picón
El nivel de litigiosidad de nuestro país es muy elevado debido, en gran medida, a que las desavenencias y los conflictos que habitualmente surgen en las relaciones interpersonales, se resuelven exclusivamente por la vía judicial mediante un proceso; pero esto, además de contribuir a que nues-tros Tribunales cada vez tengan que enfrentarse a un mayor número de asuntos de difícil asunción con los medios existentes, también se muestra, en muchas ocasiones, como una vía que no responde adecuadamente a las expectativas reclamadas.
De aquí que sea preciso fomentar modalidades alternativas de resolución de conflictos como la mediación, cuyas ventajas se producen tanto de cara a los ciudadanos como al propio sistema judicial.
Desde esta reflexión, el Consejo General del Poder Judicial consciente de la importancia del fomento de la mediación, introdujo este extremo dentro del Plan de Modernización de la Justicia aprobado en el mes de noviembre de 2008, y que ha sido el que ha guiado la actuación del equipo actual.
El Plan constituye un ambicioso programa de trabajo, en el que se ha in-cluido un compromiso claro de estimular el impulso de la mediación, con-tribuyendo a crear una «cultura de la mediación» entre los Jueces y Ma-gistrados, así como impulsando experiencias piloto de mediación intraju-dicial.
Las experiencias en mediación intrajudicial comenzaron en el orden fami-liar y penal y, dados sus buenos resultados, se consideró conveniente ex-tenderlo a otros ámbitos del orden civil, a lo mercantil y a lo social, e in-cluso está previsto extenderlo próximamente al orden contencioso-administrativo.
