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Guadalupe Iglesias Rosado
Desde la tutela judicial efectiva, se analiza la responsabilidad judicial en la exigencia del cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso, norma de aplicación general, así como la responsabilidad judicial en la exigencia del cumplimiento del Anexo que incorpora dicho Real Decreto-Ley, que regula el Código de Buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, anexo aplicable a las entidades adheridas. También se examina la incidencia que el cumplimiento efectivo de la mencionada norma tiene no sólo en la posibilidad de suspensión de los procedimientos hipotecarios de viviendas habituales, sino también en su posible archivo como vía o consecuencia de la puesta en marcha de las medidas que regula e impone a las entidades adheridas la norma vigente, entre ellas: la dación en pago.
