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El presente estudio analiza las modificaciones que la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, ha efectuado en la potestad sancionadora del órgano judicial social, y concretamente: la identificación de nuevas conductas susceptibles de sanción; la supresión de la incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y mediación previa como conducta sancionable; la nueva forma de cuantificar las multas por temeridad y mala fe en el proceso laboral; los distintos mecanismos de imposición de las sanciones mediante auto o por sentencia, con la problemática que ello encierra; y la posibilidad no solo de revisar, sino también de imponer sanciones en fase de recurso.
