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La democracia que se instaló con éxito hace dos décadas en América Latina aún tiene muchos obstáculos por vencer. Uno de ellos es el actual divorcio entre la ciudadanía y el gobierno. En este artículo se analiza este desafío y se plantea una clara distinción entre la conducción política del Estado y la tarea profesional de la administración pública, como elemento indispensable para lograr una institucionalidad transparente y eficaz en pos del fortalecimiento del sentir democrático de la sociedad y la consolidación de una democracia más operativa.
