México presenta graves problemas de pobreza y desigualdad, que sus gobiernos enfrentan seleccionando entre diferentes enfoques de política social, y consecuentemente, de evaluación de sus programas. En dicha selección, la política social del Gobierno Federal mexicano se caracteriza por la focalización de sus transferencias condicionadas, mientras la del Gobierno del Distrito Federal promueve criterios de universalidad y un enfoque basado en derechos. En materia de evaluación también afloran las diferencias organizativas y metodológicas entre ambos gobiernos, especialmente en el énfasis positivista y experimental del primero y el constructivista del segundo.