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El carácter forzoso de algunas decisiones médicas afecta a la esencia de derechos fundamentales de la salud, de la libertad física y de la integridad de la persona. Por ello, el Legislador ha querido dotar a las intervenciones forzosas de las mayores garantías éticas y legales otorgando al juez un papel especial de supervisión y control que los hospitales deben respetar cuando se produce la negativa del enfermo -o sus representantes legales- al alta o al internamiento. Su tramitación administrativa y judicial se complica ante circunstancias como la minoría de edad del paciente, la incapacidad legal o sobrevenida para decidir, o la negativa al tratamiento por circunstancias personales o creencias religiosas. La atención a personas mayores y otras con discapacidad física o psíquica que no pueden valerse por sí mismas y no tienen la ayuda de un tercero representa otro problema añadido: cursar el alta forzosa se convierte entonces en un drama humano y social de difícil solución. Todas estas cuestiones fueron analizadas por médicos y juristas en una de las sesiones que con acierto convoca el Foro Sanidad y Derecho durante el curso 2012-2013 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.
