En el entorno de la moderna Sociedad de la información se imponen nuevos modos de interacción entre los Estados y los ciudadanos. Por un lado, la información, transformada en conocimiento, se valora como un activo fundamental para la gestión administrativa. Por otra parte, el ciudadano participa cada vez de forma más activa en los procesos documentales. De ahí que la administración pública española se vea obligada a mejorar la prestación de sus servicios de información para responder a los niveles de calidad exigidos por los usuarios. Las Tecnologías de Información y Comunicación, por su capacidad de tratamiento, almacenamiento, disponibilidad, facilidad de acceso, rapidez y difusión de la información constituyen poderosos instrumentos para articular estas nuevas formas de diálogo y comunicación entre la Administración y los ciudadanos.