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Este artículo pretende reflexionar acerca de las posibilidades reales de lograr una jurisdicción constitucional independiente y digna de su enorme responsabilidad. La fidelidad del legislador a los principios constitucionales y a los derechos de la persona que se encarnan en ellos, sólo es factible a través de un órgano ajeno a los intereses políticos que determine la constitucionalidad de las normas jurídicas: el tribunal constitucional. Pero, precisamente por el vital papel que corresponde al tribunal constitucional, éste debe contar con una regulación que asegure el rigor, la valía y la independencia de sus magistrados. Por ello, aceptando no sólo la necesidad, sino también la factibilidad de una jurisdicción constitucional a la altura de su función, analizaremos las exigencias que deben rodear a sus magistrados para garantizar una auténtica prevalencia de la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales.
