La Ley reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo deja ciertos espacios para el desarrollo de los derechos que en ella se regulan por parte de la normativa propia de las Comunidades Autónomas. Estas pueden complementar las tradicionales medidas económicas de apoyo al inicio de actividades empresariales, con la adopción de otras que contribuyan al fortalecimiento de derechos como pueden ser los relativos a la seguridad y salud de los autónomos, la extensión de las políticas de igualdad, su formación o sus derechos colectivos, entre otros.