Un municipio mexicano ubicado en un territorio con una biodiversidad excepcional había adoptado un programa nacional que pretendía preservar al mismo tiempo las riquezas naturales y los medios de existencia de la comunidad. Siete años despúes, ha tenido que tirar la toalla. Su experiencia pone de manifiesto las obligaciones en ocasiones aberrantes que se imponen a las poblaciones en nombre de la lucha contra el cambio climático.