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Cristina Sánchez-Rodas Navarro, María Arántzazu Vicente Palacio 
La Constitución Española, al igual que otros textos constitucionales europeos, consagra la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección de la familia.
Una de las posibles vías para la consecución de tal fin es la instauración de específicas prestaciones familiares de Seguridad Socia a las que tradicionalmente se les ha asignado ambiciosos y variados objetivos de índole demográfico, fiscal, redistributivo y social.
En España, el importe económico de las prestaciones familiares de Seguridad Social siempre ha sido exiguo si lo comparamos con otros países del Norte y Centro de Europa -destino de un importante contingente de emigrantes españoles durante las últimas décadas- Por ello, es fácil comprender que el tema de la coordinación comunitaria de las prestaciones familiares es especialmente relevante por razones no sólo teóricas sino prácticas para quienes en la actualidad, o en alguna etapa de su vida profesional, están o han estado sometidos a la legislación de Seguridad Social de otro u otros Estados en los que el Derecho de la Unión Europea resulte aplicable.
