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En el presente artículo aborda el autor la necesidad de efectuar determinadas reformas legislativas en el ámbito constitucional, contencioso-administrativo, penal y procesal penal, así como en la doctrina jurisprudencial de nuestros Tribunales en punto a dotar de una mayor eficacia y celeridad a la Justicia penal en la lucha contra la corrupción política que desgraciadamente se ha impuesto en la mayoría de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente del arco mediterráneo.
