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En una primera aproximación a la doctrina interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) las garantías inherentes al principio de legalidad recogido en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) se despliegan esencialmente respecto de la definición de los delitos y las penas. Una mirada más atenta, sin embargo, revela matices que ponen en tela de juicio que dicho artículo 7 no deba proyectarse también sobre la fase de ejecución de las penas con un estándar igualmente riguroso. La presente contribución se centra en describir, contextualizar y fundamentar esta tendencia expansiva de las garantías del principio de legalidad en la jurisprudencia del TEDH. Para ello también será objeto de estudio la Sentencia del TEDH de 10 de julio de 2012, caso Del Río Prada c. España, como último ejemplo paradigmático al respecto.
