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El principio de suficiencia financiera de las entidades locales proclamado por la Constitución española de 1978, como presupuesto básico para el ejercicio de la autonomía local, exige la intervención del Estado y las Comunidades Autónomas que han de garantizarlo. Transcurridos más de 30 años el resultado sigue sin asegurar recursos suficientes a los entes locales.
