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En agosto de 2012, el Consistorio de Barcelona endureció las sanciones previstas en La Ordenanza Cívica de 2005 por demandar, ofrecer o negociar servicios sexuales a cambio de un precio, uniéndose así a la más reciente tendencia local, que apuesta por la zonificación de la actividad de la prostitución y su desplazamiento a los clubes de alterne. La autora analiza el difícil encaje legal de tal norma administrativa.
